El cártel de Sinaloa abrió las puertas a sus aliados del Golfo, Milenio y La Familia
La Resistencia y los Zetas se disputan la plaza de Jalisco
La presencia de esos poderosos grupos criminales disparó la violencia y el número de ejecuciones
Los cárteles de la droga más peligrosos y poderosos del país ya operan en Jalisco y se disputan la plaza a sangre y fuego. De un bando, una necesaria alianza entre los cárteles de Sinaloa, del Golfo y del Milenio, así como de la Familia michoacana y del otro, los Zetas y una cada vez más mencionada unión con los hermanos Beltrán Leyva.
La “noche se nos vino encima” alertan en el gobierno del estado y municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que confiados en que Jalisco era una plaza aparentemente tranquila, sin disputas y dominada únicamente por el cártel de Sinaloa, cuyo lugarteniente es Ignacio Coronel Villarreal, fueron rebasados por la lucha intestina del narcotráfico y los reacomodos obligados por la guerra que les declaró Felipe Calderón Hinojosa.
La aparición de los Zetas en la entidad obligó al cártel de Sinaloa a abrirle la puerta a otra organización, a su imagen y semejanza, no menos sanguinaria, numerosa y armada que el grupo creado con ex elementos militares y policiales, La Familia michoacana, que nació como su brazo armado, pero con un agregado que es la religión, y a su vez al cártel del Golfo y cártel del Milenio para hacer una unión denominada La Resistencia.
En un abrir y cerrar de ojos –según fuentes militares y estatales–, todos llegaron a Jalisco con excepción de los Arellano Félix, con un objetivo común, eliminar a los Zetas, pero también confrontados desde las bases por la disputa de este territorio que durante años fue de un solo dueño: El barón de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
A esto se suma el rompimiento entre algunas células del cártel del Milenio y cártel de Sinaloa, a raíz de la detención de Óscar Nava El Lobo Valencia y su hermano Juan, El Tigre, en octubre 2009 y mayo de 2010 respectivamente, para crear otro vacío de poder, aceptado públicamente por el procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Tomás Coronado Olmos.
El último arribo, de acuerdo con las fuentes consultadas, son 300 sicarios aproximadamente, provenientes de Sinaloa que se asentaron en las casas de seguridad que tiene el cártel del Chapo Guzmán en la entidad.
De esta forma, Jalisco se transformó en una plaza “caliente” y se concibió lo “inimaginable” para el gobierno de Emilio González Márquez.
Los cuerpos policiales municipales están en la indefensión debido a que el gobierno del estado no ha invertido este año en su equipamiento, según la información publicada por la Secretaría de Planeación (Seplan) en su portal, y en muchos de los casos, por sus limitaciones en personal y la carencia de seguridad social. Fueron lanzados junto con la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal y el Ejército, a disipar en columnas de seguridad o volantas la inseguridad que se riega como pólvora en todo el estado.
La guerra sin rumbo que emprendió el presidente Felipe Calderón Hinojosa incentivó el movimiento territorial y de mandos del crimen organizado, y en esos reacomodos aparecieron los Zetas en la entidad; una de las organizaciones más sanguinarias, creada con ex elementos policiales y militares, que en un principio fue el brazo armado del cártel del Golfo, y que tras su rompimiento, diversificó sus actividades criminales para convertirse en otra organización.
El pasado 8 de marzo aparecieron 11 narcomantas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) como primera alerta de lo que hoy es una realidad:
“Señor presidente Felipe Calderón, con todo el respeto que se merece le pedimos que nos permita ayudarle a terminar con el cáncer. El veneno se combate con el mismo veneno. Después de que acabemos con ellos, continúe con su trabajo. Retire al Ejército y a la Marina. Atentamente: Cárteles de México Unidos contra los Z”, decían.
Casi dos meses después, el 3 de mayo, el gobierno del estado convocó a una reunión de emergencia a los alcaldes metropolitanos a fin de delinear la estrategia para frenar las ejecuciones que ya se habían disparado.
En aquella reunión, Tomás Coronado Olmos dio el primer aviso sobre el detonante de la creciente ola de inseguridad: “son pugnas en cuanto a reacomodo de gente ligada a la delincuencia organizada”, (La Jornada Jalisco 4 de mayo 2010).
El 26 de mayo, el primer fiscal de la entidad informó que en los primeros cinco meses de 2010, se había superado el número de ejecuciones que se registró en todo el 2009.
Hasta ese día se habían contabilizado 123 homicidios dolosos, de los cuales 96 tenían todas las características de una ejecución, 12 más que los documentados el año pasado.
Estos crímenes se empezaron a hacer con más saña y, precisamente el mismo 26 de mayo, aparecieron los primeros tres descuartizados en la colonia El Colli, de Zapopan.
El 25 de junio fueron encontradas otras narcomantas, pero dirigidas al gobernador Emilio González Márquez:
“Con todo respeto, señor gobernador, toda esta info es verídica. Déjenos acabar con esta bola de lacras y secuestradores que han traído una ola de desmembramientos de gente en nuestro estado, atentamente cárteles Unidos” , decían
A pesar de la cruda realidad, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, no cambiaba su discurso:
“La seguridad pública se mantiene bajo control”, declaró el pasado 29 de junio tras una reunión de seguridad extraordinaria, que se realizó al mismo tiempo que una balacera en la colonia Pinar de La Calma, que le costó la vida a un agente investigador de la PGJE, y lesionó a otro.
El mandatario estatal nunca negó la presencia de grupos delictivos y sus reacomodos, pero de igual forma minimizó sus alcances y enalteció el trabajo de su gabinete de seguridad.
“No pasa una semana sin que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría recluyan a malos ciudadanos que han violado la ley”, aseguró González Márquez el 11 de mayo, el mismo día que le dio el espaldarazo al secretario de Seguridad Pública, tras el decomiso de un arsenal y droga, en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, del 6 de marzo.
“(Luis Carlos) Nájera es una persona que tiene toda mi confianza. Nájera es una persona valiente e inteligente”, añadió el Ejecutivo.
Las muertes se cuentan día tras día, y según el último reporte oficial del Procurador, 150 ejecuciones se habían cometido hasta el 28 de junio.
Desde entonces a la fecha, esa cifra ascendió a 228 de acuerdo con un conteo del diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Sergio Armando Chávez Dávalos, quien el viernes pasado dio a conocer que se contabilizaban hasta ese día 218, a los que se sumaron los asesinatos cometidos el fin de semana para llegar a 228 y un incremento de 271.42 por ciento en comparación con el 2009, que registró 84 crímenes de esta naturaleza.
De esas 228 muertes, se han documentado 25 descuartizados, de los cuales tres han sido elementos policiales, dos agentes investigadores de la PGJE y un policía federal.
Esta lucha ha cobrado la vida de un total de trece elementos policiales, once en ejecuciones y dos en enfrentamientos con el crimen organizado.
El 5 de mayo fue asesinado el jefe de la Policía de Chapala, José Guadalupe Gollaz Mejía, quien en la administración pasada fue director de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de los Membrillos, y el 23 de mayo fue ejecutado el director operativo de la Policía de Zapopan, José Nicolás Araujo. Además, fue victimado Marco Antonio Ontiveros Banda, coordinador general de Seguridad Penitenciaria, el 6 de mayo.
Las policías municipales carentes de equipo, capacitación y personal, enfrentan a los cárteles que son más poderosos por su armamento e infiltración en el gobierno, que además son verdaderos federalistas y que saben que el control parte desde la base que constituye el gobierno municipal.
Jalisco ha sido privado de su tranquilidad teniendo una estructura endeble, en la que más de 50 corporaciones municipales no tienen seguridad social, y se suma que ocho municipios no tienen cuerpos policiales; 82 municipios cuentan con menos de 50 elementos; 21 municipios con 51 a 99 elementos y 22 municipios con más de 100 policías.
Las columnas de seguridad que se empezaron como un programa piloto, y que después se extendieron a toda la ZMG, corren el riesgo de convertirse en puntos de violencia; el ejemplo más reciente es el asesinato del segundo comandante de Tlaquepaque, Jorge Arturo Díaz Chávez, durante una revisión el 18 de julio.
Después de todos los signos de crisis, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán aceptó que ya no había calma apenas el pasado 20 de julio, mientras el gobernador tomaba sus vacaciones en Miami.
Ahora hay un intento desde el gobierno del estado por persuadir a la ciudadanía sobre su exclusión de los peligros que ocasionan los tiroteos y granadazos, que ya no tienen distinción de horario ni de zonas.
